"Empezó usted hablando de regeneración y ha terminado anunciando la Restauración".
Las palabras del diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares han resumido las medidas presentadas hoy por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Muchas eran promesas que ya figuraban en el programa electoral del PP, pero otras representan novedades que, hasta el momento, los conservadores habían intentado eludir.
El Gobierno modificará la actual ley del aborto para para exigir el consentimiento paterno en los casos de las menores de edad que quieran abortar.
En su primera comparecencia en el cargo en la Comisión de Justicia, Gallardón ha indicado que, en la reforma de la ley de marzo de 2010 de interrupción voluntaria del embarazo, se defenderá "el derecho a la vida" en los términos ya definidos por la doctrina del Tribunal Constitucional.
"Nos inspiraremos en la doctrina ya definida por el Tribunal Constitucional cuando tuvo ocasión y obligación de pronunciarse sobre la primera ley del aborto, y también les anuncio que algunos principios anunciados por nuestro partido, como la exigencia del consentimiento paterno en relación a los menores, estarán incluidos en este proyecto de ley", ha agregado.
El titular de Justicia ha argumentado que esta reforma de la Ley del Aborto, recurrida por los propios conservadores ante el Tribunal Constitucional, era una promesa electoral del PP, por lo que el Ejecutivo se limita a llevar a la práctica un compromiso adquirido ante los ciudadanos.
La organización Derecho a Vivir ha expresado su rechazado a la medida al considerarla tibia. Su portavoz ha reclamado al ministro que directamente "derogue".
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI) considera que esta medida "no se justifica" por la "experiencia demostrada" de que el número de mujeres en ese tramo de edad que han abortado no ha aumentado desde su aprobación hace seis meses.
Por su parte, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, ha recordado que las jóvenes de 16 y 17 años ya pueden decidir "cuestiones vitales" como donar un órgano, someterse a una operación quirúrgica de riesgo o casarse -en este último caso incluso a edades inferiores- y, sin embargo, "no se les quiere dejar poner fin a un embarazo no deseado, algo que también puede afectar a estas jóvenes para el resto de su vida".
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