Quien tira la primera piedra siempre esconde la mano. En El Salvador, uno de los cinco países en el mundo que penalizan el aborto en forma absoluta (los otros son Nicaragua, República Dominicana, Chile y Malta,http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Legislación_del_aborto ), suelen enviar a la cárcel a una mujer por sufrir un aborto espontáneo o natural.
Karina del Carmen Clímaco fue condenada a 30 años de prisión, porque según fallo judicial, ella mató a su hija "recién nacida". En principio Karina había sido acusada por aborto consentido, luego el cargo pasó a homicidio agravado. Estuvo presa siete años y medio.
Cristina Quintanilla fue condenada a 30 años por el "asesinato" de su hijo aún en gestación. La autopsia de Medicina Legal ni siquiera había determinado la causa de la muerte del feto. Tampoco había otra prueba que la incriminara. Pero a pesar de ello paso cuatro años presa por supuestamente haber asesinado a su bebé.
Marlene Ponce, de 18 años, cuando tenía como siete meses de embarazo –17 de junio del 2009, ya con el gobierno de centro-izquierda del FMLN- fue al baño y perdió su feto. Ella fue acusada de aborto consentido y alternativamente de homicidio agravado. Pasó "sólo" un año presa.
María Edith Hernández, quien fue acusada en un inicio de haber abortado a su hijo, al final fue condenada a 30 años de cárcel por homicidio, de los que sólo pasó un poco más de dos tras las rejas, pues el cáncer linfático que padecía le ganó la batalla y murió el 30 de abril de 2010, dejando en la orfandad a sus dos hijos, actualmente de 9 y 11 años de edad.
Las cuatro mujeres fueron a parar a la cárcel por las denuncias médicas.
Definir como ser humano al feto
La Iglesia Católica y los llamados “grupos pro vida” son los principales apologistas de la penalización absoluta del aborto. Y el argumento que utilizan contra los abortos espontáneos es que en realidad se produjo un nacimiento y la madre mató al bebé. “Por ejemplo en el caso de Clímaco el bebé fue estrangulado”, dijo la directora de la Fundación sí a la Vida, aunque las ultimas pruebas judiciales con las cuales recuperó su libertad niegan esa declaración.
En México ocurren casos similares. Uno muy conocido fue el de las "Siete de Guanajuato", mujeres que purgaban condenas a penas de hasta 29 años de cárcel por abortos espontáneos, fueron liberadas luego de pasar hasta 8 años presas. Las mujeres son, cómo no, pobres y con poca educación, y se comprobó que sufrieron abortos espontáneos y que no hicieron nada para dañar a los nonatos.
Dennis Muñóz, abogado de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador, considera que el caso de María Edith es emblemático. Ella sufrió un aborto natural y por culpa de una persona [médico] que violó el secreto profesional, fue a parar a la cárcel.
“Las leyes restrictivas del aborto se solidificaron en 1999 cuando por medio de reforma constitucional se definió como ser humano al feto desde el primer momento de la concepción”, sostiene la Agrupación.
A partir de dichas reformas “en El Salvador muchas veces los abortos espontáneos, partos prematuros que las mujeres enfrentan han terminado convirtiéndose en delitos agravados y han implicado condenas de hasta treinta años para mujeres, y no es un sólo caso”, dijo Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
El artículo 133 del Código Penal Establece que la persona que provoque un aborto y quien se lo realice, serán sancionados con prisión de dos a ocho años. Sin embargo, la Fiscalía suele transformar el "delito" en homicidio agravado, lo que lleva la acusación a 30 años de cárcel.
“Usted no puede matar a un muerto. Eso es lo que sucede en los casos en que la Fiscalía intenta probar que en abortos prematuros [espontáneos] la madre asesina a su hijo: no lo pueden probar”, explicó Muñóz.
Denominador común: la pobreza
Existe un denominador común en las mujeres que son llevadas a prisión por abortos: son de escasos recursos y su estado de salud no es el óptimo.
“Existe una persecución contra las mujeres pobres. En el país no se ven casos de mujeres con recursos económicos que estén en la cárcel por abortar, además en todos los hospitales nacionales se está revelando el secreto profesional y eso es grave”, afirmó Muñóz.
Herrera coincide en que la mayoría de mujeres que están siendo condenadas injustamente, como Karina, Cristina, Marlene y María Edith, tienen un mismo perfil: “Mujeres que viven en situación de pobreza, jóvenes que tienen un bajo nivel de instrucción educativa, conocen poco de leyes, tienen poco apoyo para hacer una defensa de su caso. Entonces son condenas fáciles que la Fiscalía General de la Republica (FGR) consigue y las mujeres quedan soterradas en las cárceles”.
En opinión de la activista, a las mujeres se les está negando el derecho a la presunción de inocencia, ya que “pasan directamente del hospital a la cárcel, llegan en estado grave de salud, sin darse cuenta y sin comprender lo que les ha pasado, se ven en un proceso judicial que las lleva directamente a la cárcel y a una condena mas grande”.
Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, esa grave situación ha llevado a muchas mujeres que han sufrido abortos espontáneos a no ir al hospital, lo que ocasiona que muchas mujeres mueran.
El gobierno "progresista" del FMLN, con la bancada más numerosa en el Parlamento, no ha hecho nada al respecto. Más bien al contrario, cuando la directora del Instituto de la Mujer firmó convenios internacionales referentes al aborto terapéutico, fue inmediatamente despedida por el presidente Funes].
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