La sentencia
del Tribunal Supremo ratificando la retirada del concierto al colegio
Torrelevelo, a la que ahora se suma a otra similar en Andalucía, ha
desencadenado el debate nacional sobre la educación diferencia y la legalidad o
no de los conciertos a estos centros. Tanto que hasta el ministro de Educación,
José Ignacio Wert, ha entrado en la confrontación y ha abogado por que se
analice y debata la cuestión de la enseñanza separara por sexos , en el sentido
de que no puede haber distinto trato en la financiación con fondos públicos si
no hay discriminación en función de esa educación diferenciada.
También hoy
el consejero cántabro, Miguel Ángel Serna, ha vuelto a defender la actuación
del Gobierno regional, que ha devuelto el concierto al centro porque
"siempre" toma sus decisiones "en base a informes técnicos y
jurídicos".
En este
sentido, ha señalado que el concierto concedido ahora a ese colegio por su
departamento se basa en un "supuesto distinto" de aquel sobre el
cual, en su momento, se pronunció el TSJC y, ahora, el Supremo .
En una nota
de prensa, Wert dice que el Gobierno "respeta y acata" las
sentencias del Tribunal Supremo que avalan la denegación del concierto
educativo a dos centros privados de Cantabria y otro de Sevilla que escolarizan
por sexos .
Sin embargo,
señala, "hay que plantearse hasta qué punto el argumento de que la
educación diferenciada supone discriminación entre los sexos es un argumento -según
Wert- compatible con la Convención de la Unesco que firmó España contra la
discriminación en la enseñanza".
En esa
convención "se sostiene que la educación diferenciada, siempre que no
suponga una desigualdad de oportunidades para chicos y para chicas, no supone
una forma de discriminación".
Así pues, el
ministro considera que esta es la cuestión principal, porque, "si no hay
discriminación en función de esa educación diferenciada, no puede haber tampoco
diferenciación en la aportación de fondos públicos".
Y mientras las
asociaciones de padres de los colegios Torrevelo y Peñalabra estudian un
posible recurso en el Tribunal Constitucional (TC) contra la sentencia del
Supremo que ratifica la no renovación del concierto al primero y la no
concesión al segundo por escolarizar separadamente niños y niñas.
Según
fuentes del grupo Fomento de Centros de Enseñanza, al que pertenecen los
colegios, estas asociaciones de padres fueron las que apelaron al Supremo
contra una decisión adoptada por la Consejería de Educación del Gobierno de
Cantabria en 2009, ratificada en 2011 por el Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria (TSJC) y ahora por el Supremo.
Los centros
educativos cántabros afectados por la sentencia, el colegio Torrevelo, para
chicos, y el colegio Peñalabra, exclusivamente para chicas, son propiedad del
grupo Fomento de Centros de Enseñanza, cercano al Opus Dei.
El Supremo
se ha pronunciado también favorablemente a la retirada del concierto a un
centro andaluz que separa alumnos en razón del sexo.
la Junta de
Andalucía ha afirmado que estudiará si aplica la doctrina del Supremo de manera
inmediata, retirando el concierto a los centros educativos que actualmente
están en vigor, o si espera para revisar las subvenciones al momento de
renovación general de los conciertos, para el curso 2013/14.
Tras
"celebrar" el fallo del Supremo , la Consejería andaluza señala que
la sentencia supone un reconocimiento a sus planteamientos sobre una educación
pública que fomente los valores constitucionales como la igualdad y la
educación mixta y que no segregue al alumnado por sexo ni por ninguna otra
condición.
Por su
parte, la asociación de padres de alumnos católica Concapa, mayoritaria
en la enseñanza concertada, ha defendido en una nota que el derecho a elegir la
educación de los hijos no solo abarca la elección del centro educativo,
"sino también la metodología pedagógica".
Por el
contrario, la Federación de Enseñanza de CCOO ha defendido en una nota
que la Ley Orgánica de Educación, al establecer el criterio de sexo como motivo
de no discriminación para el acceso a los centros educativos, implica la
"incompatibilidad" con la concesión de conciertos a los centros que sí
"discriminan" por esta razón.
Asturias
El
Principado estudiará las posibilidades legales que abre la sentencia del
Tribunal Supremo, que ratifica la no concesión de conciertos a centros
educativos por segregar a niños y niñas en las aulas, a la hora de renovar
estos convenios, que se realiza cada cuatro años y que se llevará a cabo en
2013.
En un
comunicado, la consejera de Educación del Gobierno asturiano, Ana González, ha
mostrado su "satisfacción" por las dos sentencias del alto tribunal,
que dan la razón a la Junta de Andalucía y al Gobierno de Cantabria y en las
que se excluye a los centros que segregan por sexo de la posibilidad de
concertar con la administración su sostenimiento con fondos públicos.
Y nosotras
nos preguntamos… si segregar a niñas y niños por su sexo y aplicarles una
educación diferenciada no es discriminativo, ¿entonces qué se supone que lo es?.
No más fondos públicos a centros privados segregadores. Por una educación pública, igualitaria y de calidad.
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