El gobierno del PP acaba de aprobar el mayor recorte en los Presupuestos Generales del Estado de la historia de la democracia, al que habrá que añadir un recorte adicional de 10.000 millones de euros en sanidad y educación. Este es un paso más en el desmantelamiento de unos servicios públicos cada vez más amenazados.
Concretamente, se prevé una reducción del presupuesto en sanidad, servicios sociales e igualdad del 13,7%, a la que habrá que añadir un recorte adicional de 7.000 millones de euros en la sanidad pública a través de la introducción del sistema de copago farmacéutico —o más bien de una modificación del sistema de copago existente hasta ahora— y la introducción de otras medidas de supuesta eficiencia del gasto público. En la práctica se traducirá en el cierre de más centros, de salas de quirófano y eliminación de camas en hospitales, entre otros.
Esto va a suponer un duro golpe para la sanidad pública, que lleva años sufriendo recortes, especialmente en las Comunidades Autónomas por estar transferido este servicio. Estos recortes han sido especialmente importantes en Madrid y, sobre todo, en Catalunya desde que comenzó el gobierno de Artur Mas, donde muchos centros de atención primaria han tenido que cerrar o reducir el horario de apertura, eliminar camas de hospitales y cerrar salas de quirófano, con motivo de la reducción de las dotaciones presupuestarias.
Estos recortes afectan especialmente a las mujeres, tanto como usuarias como trabajadoras de estos servicios, ya que representan una proporción importante de la población ocupada en sectores como la sanidad o la educación. Concretamente, representan el 72,66% del personal empleado en la docencia no universitaria y el 75,33% en instituciones sanitarias. Estos recortes supondrán una mayor presión y carga de trabajo sobre gran parte de estas trabajadoras al tener que asumir gran parte del trabajo que no sea cubierto por el sector privado o a través del sector informal en las familias.
De hecho, en diciembre de 2011 el gobierno del PP aprobó un aumento de la jornada laboral en el sector público de diez horas mensuales y la eliminación de la oferta pública de empleo en 2012 —lo que supone una reducción del personal empleado en el sector público al cubrir como máximo una de cada diez plazas que qudan vacantes. Además, este aumento de la jornada laboral ha ido acompañado de una reducción de los salarios del personal público de un 5% de media en el 2010 y en el 2011, a lo que hay que añadir un recorte adicional de al menos otro 5% en algunas comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía o Madrid, entre otras.
Esta reducción salarial, que está suponiendo una pérdida del poder adquisitivo del personal público y que ya ha visto cómo éste ha disminuido en un 20% en los últimos cuatro años, es especialmente grave en el caso de las personas que cobran menos. Es el caso de muchas mujeres que ocupan gran parte de los puestos de menor cualificación, también dentro del sector público, de tal forma que el año 2011 representaban el 69,95% del personal funcionario del grupo C2 —para el que se requiere graduado escolar—, el único grupo en el que son mayoría en la Administración Pública.
Todos estos recortes también van a tener efectos negativos sobre su trabajo como cuidadoras, ya que cuando se reduce el número de camas en un hospital o se alargan las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, por poner algunos ejemplos, suelen ser mujeres en la mayoría de los casos quienes se encargan de los cuidados de esas personas enfermas o dependientes. De hecho, las mujeres representan el 96,4% de las personas inactivas que no buscan empleo por razones familiares, es decir, por el cuidado de menores, personas enfermas, discapacitadas, mayores u otras responsabilidades familiares. También son una inmensa mayoría entre las personas ocupadas a tiempo parcial por hacerse cargo del cuidado de hijas menores de 14 años, propias o de la pareja (el 97,3%) o de personas dependientes (el 89,1%), según datos del Instituto Nacional de Estadística del 2010.
En el caso de la atención a las personas en situación de dependencia esto se verá especialmente agravado con la paralización de la aplicación de la ley de dependencia y la eliminación de la partida estatal destinada a compensar el gasto de las comunidades autónomas, que en el 2011 fue de 283 millones de euros. Esto va a suponer que las 300.000 personas que tenían reconocido el derecho a una prestación por estar en situación de dependencia sigan sin cobrar estas ayudas, haciendo recaer el peso de sus cuidados sobre las personas que lo venían haciendo hasta ahora en el ámbito privado, en su inmensa mayoría mujeres.
También en el ámbito de la prevención de la violencia de género se están aplicando recortes. Concretamente, esta partida es la que sufre un mayor recorte de todo el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al reducirse en un 21,3% para este año, lo que equivale a 6,5 millones de euros menos, llegando a una reducción de hasta el 50% (pasando de 3 millones de euros en 2011 a 1,5 millones en el 2012) en el caso de las campañas publicitarias destinadas a prevenir la violencia de género y a animar a las mujeres que sufren este tipo de violencia a denunciar a sus agresores.
Este recorte se suma al que vienen haciendo los gobiernos de algunas comunidades autónomas, como el impulsado por el del PP en Castilla La Mancha, que ha conducido ya al cierre de cuatro centros de mujeres (los de Pedro Muñoz en Ciudad Real, Navahermosa y Fuensalida en Toledo y el de la Mancomunidad de la Sierra del Segura en Albacete), y al consiguiente despido de más de 100 trabajadoras de éstos y otros centros de la comunidad, así como de un empeoramiento en la atención de mujeres maltratadas.
Esto supondrá que muchas madres ocupadas que no dispongan de suficientes recursos como para hacer frente al gasto que supone una plaza en una guardería privada y que no cuenten con personas en su entorno familiar para el cuidado de estos niños y niñas podrán verse obligadas a renunciar a su trabajo remunerado.
También sufren recortes otros programas relacionados con el fomento del acceso de las mujeres al mercado laboral. Los programas de formación y fomento del empleo femenino que desarrollaban las comunidades autónomas se han reducido en un 84%, y la reducción global de programas de empleo femenino asciende a casi el 60 %.
Estos programas están destinados a fomentar la contratación de las mujeres que hubieran dejado de trabajar por cuidar a personas menores o dependientes a través de cursos de formación profesional. Pese a que son de dudosa eficacia, al igual que con la mayoría de programas destinados al fomento del empleo a través de la formación, están siendo ahora sustituidos por medidas conciliación de la vida laboral y familiar.
En este sentido, cabe destacar la lucha que se está llevando a cabo en el sector de la educación a nivel estatal, que ha permitido convocar una huelga en todos los niveles educativos, desde guarderías hasta universidades, en contra de la subida de las tasas y los recortes, y que en algunas universidades como la de Sevilla, tendrá una duración de al menos dos semanas, tal y como se votó en las asambleas de facultades.
Al igual que en educación también en sanidad se están dando luchas bastante importantes. En Catalunya, donde los recortes comenzaron mucho antes con la llegada de CiU a la Generalitat, han llegado a ocuparse centros de atención primaria y hospitales en protesta por el cierre de algunos de estos servicios.
La clave del éxito de estas luchas en defensa de lo público está en conseguir unificarlas y extenderlas también a otros sectores, continuando con un plan de lucha sostenido que suponga un verdadero desafío para el sistema y los gobiernos central y autonómicos. Y sobre todo que consigamos acabar con la obligación de pagar una deuda odiosa que nosotras no hemos generado.
97,3% de las personas ocupadas a tiempo parcial para hacerse cargo de los cuidados de hijos o hijas menores de 15 años son mujeres
72,6% del personal utilizado en la docencia no universitaria son mujeres
Concretamente, se prevé una reducción del presupuesto en sanidad, servicios sociales e igualdad del 13,7%, a la que habrá que añadir un recorte adicional de 7.000 millones de euros en la sanidad pública a través de la introducción del sistema de copago farmacéutico —o más bien de una modificación del sistema de copago existente hasta ahora— y la introducción de otras medidas de supuesta eficiencia del gasto público. En la práctica se traducirá en el cierre de más centros, de salas de quirófano y eliminación de camas en hospitales, entre otros.
Esto va a suponer un duro golpe para la sanidad pública, que lleva años sufriendo recortes, especialmente en las Comunidades Autónomas por estar transferido este servicio. Estos recortes han sido especialmente importantes en Madrid y, sobre todo, en Catalunya desde que comenzó el gobierno de Artur Mas, donde muchos centros de atención primaria han tenido que cerrar o reducir el horario de apertura, eliminar camas de hospitales y cerrar salas de quirófano, con motivo de la reducción de las dotaciones presupuestarias.
Estos recortes afectan especialmente a las mujeres, tanto como usuarias como trabajadoras de estos servicios, ya que representan una proporción importante de la población ocupada en sectores como la sanidad o la educación. Concretamente, representan el 72,66% del personal empleado en la docencia no universitaria y el 75,33% en instituciones sanitarias. Estos recortes supondrán una mayor presión y carga de trabajo sobre gran parte de estas trabajadoras al tener que asumir gran parte del trabajo que no sea cubierto por el sector privado o a través del sector informal en las familias.
De hecho, en diciembre de 2011 el gobierno del PP aprobó un aumento de la jornada laboral en el sector público de diez horas mensuales y la eliminación de la oferta pública de empleo en 2012 —lo que supone una reducción del personal empleado en el sector público al cubrir como máximo una de cada diez plazas que qudan vacantes. Además, este aumento de la jornada laboral ha ido acompañado de una reducción de los salarios del personal público de un 5% de media en el 2010 y en el 2011, a lo que hay que añadir un recorte adicional de al menos otro 5% en algunas comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía o Madrid, entre otras.
Esta reducción salarial, que está suponiendo una pérdida del poder adquisitivo del personal público y que ya ha visto cómo éste ha disminuido en un 20% en los últimos cuatro años, es especialmente grave en el caso de las personas que cobran menos. Es el caso de muchas mujeres que ocupan gran parte de los puestos de menor cualificación, también dentro del sector público, de tal forma que el año 2011 representaban el 69,95% del personal funcionario del grupo C2 —para el que se requiere graduado escolar—, el único grupo en el que son mayoría en la Administración Pública.
Todos estos recortes también van a tener efectos negativos sobre su trabajo como cuidadoras, ya que cuando se reduce el número de camas en un hospital o se alargan las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, por poner algunos ejemplos, suelen ser mujeres en la mayoría de los casos quienes se encargan de los cuidados de esas personas enfermas o dependientes. De hecho, las mujeres representan el 96,4% de las personas inactivas que no buscan empleo por razones familiares, es decir, por el cuidado de menores, personas enfermas, discapacitadas, mayores u otras responsabilidades familiares. También son una inmensa mayoría entre las personas ocupadas a tiempo parcial por hacerse cargo del cuidado de hijas menores de 14 años, propias o de la pareja (el 97,3%) o de personas dependientes (el 89,1%), según datos del Instituto Nacional de Estadística del 2010.
En el caso de la atención a las personas en situación de dependencia esto se verá especialmente agravado con la paralización de la aplicación de la ley de dependencia y la eliminación de la partida estatal destinada a compensar el gasto de las comunidades autónomas, que en el 2011 fue de 283 millones de euros. Esto va a suponer que las 300.000 personas que tenían reconocido el derecho a una prestación por estar en situación de dependencia sigan sin cobrar estas ayudas, haciendo recaer el peso de sus cuidados sobre las personas que lo venían haciendo hasta ahora en el ámbito privado, en su inmensa mayoría mujeres.
Violencia de género
Este recorte se suma al que vienen haciendo los gobiernos de algunas comunidades autónomas, como el impulsado por el del PP en Castilla La Mancha, que ha conducido ya al cierre de cuatro centros de mujeres (los de Pedro Muñoz en Ciudad Real, Navahermosa y Fuensalida en Toledo y el de la Mancomunidad de la Sierra del Segura en Albacete), y al consiguiente despido de más de 100 trabajadoras de éstos y otros centros de la comunidad, así como de un empeoramiento en la atención de mujeres maltratadas.
Educación y el empleo femenino
Los recortes en educación también van a afectar de forma especial a las mujeres trabajadoras, ya que además de la anunciada subida de las tasas universitarias y la disminución de becas, este ministerio también ha eliminado el Programa Educa3 —que estaba destinado a crear plazas en guarderías o colegios públicos para niños y niñas menores de 3 años— con el pretexto de que se trata de una escolarización de carácter asistencial y no educativa.Esto supondrá que muchas madres ocupadas que no dispongan de suficientes recursos como para hacer frente al gasto que supone una plaza en una guardería privada y que no cuenten con personas en su entorno familiar para el cuidado de estos niños y niñas podrán verse obligadas a renunciar a su trabajo remunerado.
También sufren recortes otros programas relacionados con el fomento del acceso de las mujeres al mercado laboral. Los programas de formación y fomento del empleo femenino que desarrollaban las comunidades autónomas se han reducido en un 84%, y la reducción global de programas de empleo femenino asciende a casi el 60 %.
Estos programas están destinados a fomentar la contratación de las mujeres que hubieran dejado de trabajar por cuidar a personas menores o dependientes a través de cursos de formación profesional. Pese a que son de dudosa eficacia, al igual que con la mayoría de programas destinados al fomento del empleo a través de la formación, están siendo ahora sustituidos por medidas conciliación de la vida laboral y familiar.
Nosotras no pagaremos su crisis
Para poder hacer frente a la batería de recortes de los gobiernos del 1%, es fundamental fortalecer y participar en las luchas que se den en defensa de los servicios públicos.En este sentido, cabe destacar la lucha que se está llevando a cabo en el sector de la educación a nivel estatal, que ha permitido convocar una huelga en todos los niveles educativos, desde guarderías hasta universidades, en contra de la subida de las tasas y los recortes, y que en algunas universidades como la de Sevilla, tendrá una duración de al menos dos semanas, tal y como se votó en las asambleas de facultades.
Al igual que en educación también en sanidad se están dando luchas bastante importantes. En Catalunya, donde los recortes comenzaron mucho antes con la llegada de CiU a la Generalitat, han llegado a ocuparse centros de atención primaria y hospitales en protesta por el cierre de algunos de estos servicios.
La clave del éxito de estas luchas en defensa de lo público está en conseguir unificarlas y extenderlas también a otros sectores, continuando con un plan de lucha sostenido que suponga un verdadero desafío para el sistema y los gobiernos central y autonómicos. Y sobre todo que consigamos acabar con la obligación de pagar una deuda odiosa que nosotras no hemos generado.
En cifras
96,4% de las personas inactivas que no buscan ocupación por razones familiares son mujeres97,3% de las personas ocupadas a tiempo parcial para hacerse cargo de los cuidados de hijos o hijas menores de 15 años son mujeres
72,6% del personal utilizado en la docencia no universitaria son mujeres
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